martes 15 de diciembre de 2020
El gobierno trabaja junto a los técnicos del GACH en nuevas medidas a anunciar este jueves 17. | Foto SCI Presidencia
El gobierno enfrenta uno de los momentos de mayor tensión desde que asumió el pasado 1 de marzo. El pico de contagios que está alcanzando la emergencia sanitaria a pocos días de las fiestas y al inicio de la temporada turística puso en jaque al Poder Ejecutivo que podría verse obligado a tomar definiciones que afecten gravemente el desarrollo de la economía, que justamente esperaba sentar las bases de su recuperación en base a la temporada turística y el consumo interno. Si bien el partido de gobierno cuenta con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración y el presupuesto quinquenal, la evolución de la crisis sanitaria pone al gobierno en el ojo de la tormenta dado que basó su imagen en control del COVID-19 y una buena comunicación con la ciudadanía, por lo que su reputación podría desmoronarse si la situación no mejora.
El vínculo entre el gobierno y la ciudadanía respecto al manejo de la crisis sanitaria tiene como resultado el fortalecimiento del Ministerio del Interior en su rol como responsable de instar a disolver aglomeraciones en la vía pública. Sin embargo, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, descartó que el presidente vaya hacia un “Estado policíaco” donde el control y la disuasión tengan mayor peso que el convencimiento y la persuasión.
La semana pasada, el Ministerio del Interior presentó las cifras de los primeros nueve meses de gobierno que marcaron un descenso en las cifras de homicidios, rapiñas, hurtos y denuncias de violencia doméstica. Este no es un logro menor si se considera que la seguridad ha sido una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en los últimos años.
Contexto político: Si bien existe coordinación y cooperación desde todos los partidos y entre los diferentes niveles de gobierno para enfrentar la crisis sanitaria, en los últimos días la oposición adoptó una actitud más crítica sobre la forma en la que está manejando la situación el gobierno de Luis Lacalle Pou. El reclamo del Frente Amplio hacia el oficialismo es la falta de una reacción más enérgica ante el pico de aumento de los casos que comenzó a registrarse en las últimas semanas y el nivel de gasto realizado por el gobierno para atender la crisis, que se encuentra entre unos de los menores de la región. Tal como había hecho al inicio de la crisis, el Frente Amplio planteó la pertinencia del pago de un salario mínimo para las personas más afectadas señalando que su costo no superaría el 1% del PBI y que las consecuencias de no sostener a esta población pueden ser aún más perjudiciales para la economía en el mediano plazo. A nivel parlamentario, la oposición planteó la creación de una comisión legislativa que se encargue específicamente de la crisis del Covid-19, pero fue rechazado por el oficialismo entendiendo que la crisis se está abordando adecuadamente desde la comisiones ya existentes.
En este escenario, la Intersocial, integrada por el PIT-CNT, FEUU, FUCVAM y otras organizaciones sociales, presentó esta semana la comisión Pro Referéndum que se encargará de recolectar las firmas para derogar 133 artículos de la Ley de Urgente Consideración para lo que deben obtener la firma del 25% del padrón electoral y así acceder a la consulta a la ciudadanía. El Frente Amplio definió apoyar la iniciativa incluyendo algunos artículos que sus legisladores votaron en comisión debido a que se entiende que esos artículos fueron votados porque tenían mejoras respecto del proyecto original.
Por otra parte, existen algunos movimientos a nivel de la coalición de gobierno tanto a la interna de los partidos como en la relación entre ellos, situaciones que ponen incertidumbre sobre la forma en la que avanzará la coalición de gobierno hacia el resto del período. Uno de ellos fue la aprobación de un proyecto sobre el uso de suelos para forestación aprobado en comisión con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, antecedente que puede marcar y sumar a favor de Cabildo Abierto una nueva herramienta de negociación en la interna de la coalición multicolor.
Contexto económico: El economista Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere, en entrevista con el diario El País, estimó que el PBI caerá en 2020 un 5% y que la recuperación de 2021 será del 2%. Además se estima que se perderán unos 62.000 puestos de trabajo, mientras que en 2021 se crearían unos 18.000. El economista planteó su preocupación por el riesgo que está asumiendo el gobierno al poner toda su expectativa en la inversión privada. Además, planteó que el gobierno debería reconsiderar su estrategia general basada en una primera etapa en medidas puntuales y transitorias.
El cierre de fronteras para extranjeros y el aumento de casos de COVID-19 pone al sector turístico en una situación que los operadores califican como “crítica” y “dramática” dado que, cuando se estaban preparando para una mala temporada, la evolución de la pandemia retrajo las reservas en el turismo interno ante la incertidumbre de cuál será la situación sanitaria en enero y febrero.
En tanto, la facturación de los free shops ubicados en la frontera se desplomó 48% a nivel nacional en los últimos ocho meses, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas. El sector, que genera 4000 empleos directos y 3000 indirectas, reclama que se habilite la compra a ciudadanos uruguayos como una forma de amortiguar la caída de las ventas.
Por otra parte, se conocieron cifras del seguro de desempleo del mes de noviembre, donde ingresaron 11.000 trabajadores (cifra más baja desde marzo), y egresaron 21.000, de los cuales el 75% correspondieron a reincorporaciones totales o parciales y el 25% completaron el seguro. Estas cifras muestran que hubo 9.500 trabajadores menos en seguro de desempleo que en el mes anterior.
El Dato: 5% la caída estimada del PBI en 2020 para el Economista Gabriel Oddone.