Martes 29 de noviembre de 2022
Esta semana la agenda pública ha tenido su máxima expresión en lo que algunos no dudan en llamar la “judicialización” de la política, lo que traslada el foco de atención del Ejecutivo y el Parlamento a los ámbitos del Poder Judicial. En la Fiscalía General de la Nación y en los juzgados se termina dirimiendo la suerte de proyectos de gobierno e incluso “definiendo” cuestiones sobre la transparencia del sistema político. Esa situación genera un permanente intercambio entre legisladores y jerarcas de gobierno con actores vinculados al Poder Judicial, a veces en soledad y a veces a través de sindicatos, gremios o autoridades. Ya sea por redes sociales o a través de declaraciones a los medios o comunicados de prensa, el tema siempre es el mismo: la “politización” del sistema de justicia.
En ese marco, y en el medio de la participación de Uruguay en el mundial de Qatar 2022, se dieron a conocer tres informaciones claves para la agenda pública: el archivo de la denuncia realizada por los senadores del Frente Amplio contra el acuerdo de Katoen Natie, el archivo de la causa iniciada por la filtración del Plan Nacional de Inteligencia 2023 en una comisión parlamentaria y la filtración de conversaciones entre el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano y un militar representante de una empresa de seguridad, que podrían servir para probar actividades de inteligencia paraestatales contra legisladores del Frente Amplio. Todo eso, a pocas horas de la declaración del secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el prosecretario Rodrigo Ferrés que comparecerán como testigos ante la fiscal que investiga el caso Astesiano.
Además, la Intendencia de Montevideo presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, que es el máximo órgano de la justicia administrativa para que revoque la decisión de avanzar en el proyecto Neptuno, para instalar una planta potabilizadora de aguas del Río de la Plata en Arazatí.
El archivo de la causa que cuestionó el contrato entre el gobierno y Katoen Natie es una victoria importante para el gobierno. La fiscalía señaló que el Ejecutivo cometió errores formales en los procedimientos pero no ilegalidades que ameriten una investigación penal. Los senadores del Frente Amplio, que iniciaron la denuncia, reclamarán que la causa sea revisada por otro fiscal.
Una situación distinta para el gobierno es la generada con el archivo de la causa que investigó las filtraciones del Plan Nacional de Inteligencia por parte de una comisión legislativa. La denuncia fue iniciada por el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, pero un error al presentar la documentación selló, más que la suerte del proceso el impacto político de la causa. La Fiscalía decidió no periciar los celulares de los diez legisladores que participaron en la comisión por entender que la medida era desproporcionada a lo que se buscaba averiguar, dado que-a diferencia de los actores de gobierno- consideró que la información filtrada a la prensa no ponía en riesgo aspectos esenciales de la vida o la seguridad del país. Esa decisión y la negativa del periodista a revelar la fuente culminaron con el archivo de la causa. El error de la Secretaría de inteligencia, a entregar a la Fiscalía una versión distinta de la que efectivamente se había entregado a los legisladores, terminó por desacreditar la denuncia y los denunciantes que incluso fueron acusados de realizar una maniobra política, cuando en realidad no hay ninguna evidencia que muestre que el Plan de Inteligencia no fue filtrado por alguno de los legisladores de la comisión.
Contexto político: El Frente Amplio convocó a una reunión de urgencia en la noche del lunes, luego de que se filtraran conversaciones de Astesiano sobre actividades de inteligencia contra los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. En conferencia de prensa, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira dijo que existió “espionaje”contra los legisladores con la intención de extorsionarlos. El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, expresó su solidaridad con los legisladores opositores.
Contexto económico: La cámara de la economía digital de Uruguay (CEDU) presentó el monitor digital del tercer trimestre del año que establece que el 88% de las empresas del sector auguran un contexto bueno o muy bueno para el último trimestre del año. El informe fue elaborado por el observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información(CUTI)
El Dato: 44% es la intención de voto que tienen el intendente frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista, Álvaro Delgado, en sus respectivas internas partidarias, según la última encuesta de Opción.