Agenda Parlamentaria | Semana 52 – Cierre de año

Análisis del año parlamentario

Con la aprobación en el Senado de la Reforma de la Seguridad Social, el Poder Legislativo cerrará un año de trabajo en el que las discusiones políticas se distanciaron del debate  de los proyectos legislativos, por lo que el trabajo de las comisiones investigadoras, las interpelaciones, los pedidos de informes y las conferencias de prensa quedaron en el centro de atención de la actividad del Parlamento. A eso hay que sumarle una buena cantidad de instancias judiciales que tuvieron a los legisladores como denunciantes y denunciados para terminar de bosquejar un panorama complejo para la producción legislativa.

En los primeros meses del año, el debate nacional por el referéndum para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que se realizó el 27 de marzo, concentró la actividad política y postergó el inicio efectivo del trabajo parlamentario que recién en las primeras semanas de abril terminó de definir las autoridades de las comisiones y sus regímenes de trabajo y a principios de mayo aún había comisiones discutiendo los asuntos a priorizar, conscientes de que sería un año corto.

Pasado el referéndum, cuando estaba previsto avanzar decididamente con leyes claves para el gobierno, otros aspectos coyunturales, como el avance de la inflación y el precio de los combustibles en el marco de la incertidumbre por la guerra de Rusia y Ucrania, marcaron la atención parlamentaria. Además, la disputa interna en el Partido Nacional por la coordinación de la bancada mostraba el inicio de un año distinto, en el que habría espacio para las diferencias internas. 

Antes de la presentación de la Rendición de Cuentas, el 30 de junio, el Parlamento se embarcó en pequeñas discusiones en torno a declaraciones a prensa o la legitimidad de la herramienta de las comisiones investigadoras y algunas instancias que alcanzaron a trascender al debate público, como la interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche, que derivó en una discusión sobre la fiabilidad de los datos oficiales sobre la evolución de la pobreza y otra al ministro del Interior Luis Alberto Heber, ante el incremento de los homicidios. 

Cuando llegó la Rendición, la coalición de gobierno ya había trabajado sobre su tratamiento fuera del Parlamento,  por lo que la discusión legislativa pasó más por los recursos necesarios para la implementación de las políticas-con un incremento de 226 millones de dólares- que por la definición de las prioridades, consensuadas por la coalición en educación, seguridad y recuperación salarial de los funcionarios públicos. De todas formas, la Ley de Medios se encargó una vez más de exponer las diferencias internas en la coalición de gobierno, y la propuesta del Ejecutivo para su derogación sin un itinerario claro sobre la aprobación de una nueva ley, quedó por el camino.

A fines de agosto, con la Rendición de Cuentas con media sanción en Diputados, llegó al Parlamento el caso Marset que junto a la detención del ex jefe de seguridad presidencial Alejandro  Astesiano, apenas un mes más tarde, terminó de sacar al Parlamento del foco legislativo. 

Curiosamente, la interpelación del ministro del Interior Luis Alberto Heber y su par de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo para dar explicaciones sobre la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, no surgió de una nueva actuación del gobierno sobre el caso, sino de la relevancia mediática que tomó el tema Marset, tras el trascendido de que Marset estaba implicado en el asesinato del fiscal paraguayo en Colombia, Marcelo Pecci. Esa versión -que está lejos de ser confirmada por la Justicia colombiana- fue la que volvió a poner arriba de la mesa el caso Marset, que hasta ese momento, solo había tenido un pedido de informes por parte de la oposición en marzo y una respuesta del oficialismo en la línea de que el procedimiento fue legal. La interpelación derivó en el inicio de dos causas ante la justicia, una penal y otra en lo contencioso administrativo, que fue la que terminó por definir, en diciembre, la renuncia de la vicecanciller Carolina Ache, luego de que su sector le quitara el respaldo.

A fines de setiembre, la detención de Astesiano por su vinculación a una organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para el otorgamiento de pasaportes uruguayos conmocionó al sistema político. A mediados de octubre fueron interpelados el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, el ministro del Interior Luis Alberto Heber  y el director nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé. En este caso, la investigación judicial marcó el ritmo de la repercusión política del tema y algo que podría haber quedado en un episodio concreto vinculado a un custodio infiel fue teniendo otras derivaciones, que involucran a jerarcas policiales y que ponen en tela de juicio el uso del aparato estatal para fines personales. 

El tratamiento de los casos Marset y Astesiano y la forma en la que monopolizó el debate político, dejó al Ejecutivo solo en su intento de poner en la agenda pública el avance del gobierno, en un año clave para la gestión luego de la emergencia sanitaria y los grandes debates del presupuesto quinquenal y la LUC. En esos intentos se destaca la presentación en octubre del proyecto de Reforma de la Seguridad Social y la implementación de la reforma educativa, que estuvo  presente en el debate parlamentario, a medida en que el Ejecutivo avanzaba en su aplicación.

El protagonismo de los legisladores en el debate político también tuvo otros escenarios, en su mayoría despegados de su función de legislar. Entre ellos se destaca la elección de los miembros del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la causa penal sobre la gestión del diputado colorado Germán Cardoso como ministro de Turismo, que fue archivada en noviembre, el archivo de la denuncia realizada por la oposición contra el acuerdo con Katoen Natie por la concesión de la terminal de contenedores, la creación de una comisión investigadora para analizar la gestión del ex director general del Ministerio del Interior y senador del FA Charles Carrera por un presunto caso de encubrimiento de un accidente con armas en una fiesta de la policía, la presentación de la denuncia por parte del oficialismo de las licencias en Secundaria, luego del informe presentado por la comisión investigadora que trató el tema, el archivo de la denuncia contra la ex ministra de Turismo Liliam Kechichián y un evento con ribetes novelescos, como fue la causa que abrió el director nacional de Inteligencia Álvaro Garcé contra todos los legisladores de la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia  a quienes acusó de haber filtrado a la prensa el Plan Nacional de Inteligencia 2023. El caso, que implicó el desfile del fiscal Gilberto Rodríguez por los despachos de los legisladores, culminó con el archivo de la causa, luego de constatar que Garcé, por error,  había entregado a fiscalía un archivo distinto al que le había entregado a los legisladores.

En la última sesión de Diputados, se aprobó la media sanción de un proyecto que reeditó el acuerdo alcanzado a fines de 2021 entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio con la aprobación de la ley de prioridad forestal. Esta vez, fue un proyecto de prevención y combate de incendios forestales que contó con el apoyo de legisladores de Cabildo Abierto, Frente Amplio, Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido Independiente y un legislador colorado, lo que da cuenta de que, pese a las constantes choques, aún sigue viva la posibilidad de prescindir de los servicios del partido del presidente Lacalle, aunque sea para casos concretos.

Tras un año ajetreado y oscilante entre lo político, lo judicial y lo mediático, los puntos pendientes pasan por lo legislativo, con la Ley de Medios sobre la que se anuncian acuerdos y desacuerdos que ponen en duda su resolución, la ley de tipificación de ciberdelitos que cierra por segundo año consecutivo al borde de la aprobación y en un camino bastante más seguro el proyecto de regulación de activos virtuales con media sanción en Diputados y la Reforma de la Seguridad Social que buscará “salvar el año” con la media sanción en el Senado la semana que viene.

Proyectos ley | Semana 52

 Últimos proyectos presentados por legisladores a estudio de comisiones